Leydi Laura y Leydi Maura

El lunes, 1 de abril, Yandy Niebla Alpízar, camarógrafo y editor de la productora audiovisual Cuatro Caminos, de Santa Clara, escribió en su muro de Facebook: «AYUDA. La hermana de mi mejor amigo hace más de 48 horas que está desaparecida, por favor si alguien sabe algo escríbame o avísenle a la policía cuanto antes. La familia y amistades están desesperados». Ninguna noticia confirma el peor escenario. Hasta la mañana siguiente. El martes, cerca de las 11:00 a.m., el cuerpo de Leydi Laura sería hallado en las inmediaciones del batey 10 de Octubre (Ranchuelo), a orillas de la Autopista Nacional, confirmaron a Tremenda Nota varios vecinos de Esperanza. El cadáver, según reportan varios sitios web basados en el testimonio de testigos o vecinos, mostraba «claras señales de violencia extrema». «La profesora de medicina legal de la universidad nos dijo que la causa de muerte fue estrangulamiento. El cuerpo tenía varios hematomas en la cara y el abdomen», contó a Tremenda Nota otra estudiante de cuarto año de la Universidad de Ciencias Médicas de Villa Clara, entrevistada bajo condición de anonimato. El propio martes, poco después del hallazgo, Leydi Laura sería sepultada en el cementerio local de Ranchuelo. La decana de la universidad, sus compañeros de estudio, sus amigos, su familia, los pueblos de Esperanza y Ranchuelo, fueron a despedirla, preguntándose por qué la habían matado, quién, con qué móviles, por qué razones. *** Leydi Laura no fue robada. Cualquiera que la haya asesinado no tomó ninguna pertenencia, ninguna prenda, confirman todas las fuentes consultadas. «Tampoco nos dijeron si la violaron», asegura la estudiante de Medicina contactada por Tremenda Nota. La gente –sometida al estupor de las malas noticias– ha valorado dos hipótesis en las redes sociales: primero, Leydi Laura fue víctima de un feminicidio (o asesinato de una mujer por su condición de género). Segundo, Leydi Laura no fue víctima de ningún feminicidio: fue la primera que pagó un ajuste de cuentas contra su familia, según sugirieron varios internautas. «Aquí lo que se comenta es que su papá estaba endeudado con unos extranjeros. Le dijeron que a él no le iban a hacer nada, que le iban a cobrar a su familia», dice la estudiante de cuarto año de Medicina sobre los rumores que ha escuchado. Si fue un feminicidio el nombre de Leydi Laura pasaría a engrosar, de inmediato, la lista donde ya aparecen Taimara Gómez, una mujer de 29 años residente en Cárdenas, Matanzas, descuartizada por su pareja a principios de 2017; la cienfueguera de 18 años Leidy Maura Pacheco Mur, secuestrada, violada y asesinada por tres hombres en 2017; la espirituana Yulismeidys María Loyola Fernández, asesinada en el verano de 2018 por un hombre que intentó violarla. La muerte violenta de estas mujeres a manos de uno o varios sujetos no forma parte de ninguna lista exhaustiva: apenas los medios de comunicación alternativos a la prensa oficial en Cuba suelen dar cuenta de asesinatos determinados, agravados o condicionados por el género de las víctimas. Pero hasta ahora es imposible saber cuántas mujeres han muerto por culpa de actos extremos de violencia de género: las leyes ni las instituciones cubanas tipifican el feminicidio como un crimen. De hecho, en 2016 Mariela Castro Espín, directora del Centro Nacional de Educación Sexual de Cuba (Cenesex) e hija de Raúl Castro Ruz, primer Secretario del Partido Comunista del país, declaró a medios argentinos: «En Cuba no tenemos femicidios y eso es efecto de la Revolución». Según el Código Penal cubano Taimara, Leidy Maura y Yulismeidys fueron víctimas de homicidio, aunque claramente su género haya determinado el crimen contra ellas. La palabra feminicidio no existe en las normas legales cubanas. Leydi Laura, cualquiera que haya sido el caso, también será víctima de homicidio. No todos los asesinatos de mujeres clasifican como feminicidios. Sin embargo, en este caso la teoría popular de la vendetta tampoco excluye ese tipo de crimen, asegura Ailynn Torres Santana, investigadora y doctora en Ciencias Sociales. Quien haya perpetrado el crimen «podría haber “elegido” a otra persona de la familia». «Bien hubo abuso sexual y/o violación –en cuyo caso sería sin dudas feminicidio– o bien podría confirmarse esta hipótesis de la vendetta que podría conducir al mismo sitio del feminicidio porque: ¿por qué ella? ¿por qué una mujer sola en la carretera? O, incluso, podría ser una vendetta y, además, haber abuso de por medio», comenta a Tremenda Nota la autora de una columna sobre género y sociedad en la revista OnCuba. *** «Toda mujer que se trasladó en “botella”, en Cuba, sintió alguna vez el pavor de terminar así», opinó en las redes sociales la periodista Lianet Fleites Claro al compartir la noticia sobre el asesinato de la joven villaclareña. ―Sí. Leydi Laura se perdió en la «botella» –recalca en otro momento Daniela Ruiz Díaz, la joven que repite a diario el mismo trayecto donde desapareció su antigua compañera de estudios. La escueta nota publicada por el Minint, no permite deducir por qué la secuestraron, por qué le quitaron la vida. «Un equipo especializado del Ministerio del Interior trabaja en el esclarecimiento del hecho, cuyo resultado se informará a través de los medios de comunicación», reza la declaración de las autoridades. Hasta ahora, sin más información oficial, es imposible asegurar si la joven fue abusada sexualmente o violada. Todas las certezas son estas: Leydi Laura era una mujer de 21 años que intentaba llegar a su casa después de una guardia médica. Cansada, desprevenida, incluso a pleno día, quizás le pareció más vulnerable a su victimario porque era una mujer, no un hombre. «Por eso, por la vulnerabilidad física de una mujer sola en la carretera, es bastante probable que sea un feminicidio», dice Ailynn Torres Santana. Leydi Laura, la última vez, agita las manos. Va a llegar a casa antes del mediodía, a la hora del almuerzo. Un criminal abre las puertas de un auto que va a ninguna parte. La tradición lo anima: siempre que matan a una mujer, ¿quién la mata? No fue un homicidio más: fue feminicidio. Después de esta precisión, Leidy Maura Pacheco Mur continuará muerta; su hijo, huérfano; su familia, desgarrada; Cienfuegos, consternado. No obstante, es importante hacerla. Leidy Maura El 26 de septiembre de 2017 a Leidy Maura la asesinaron. Ella había ido a la empresa de Comercio interesada en un curso, había visitado amistades, almorzado con su esposo y montado en un ómnibus y luego en una camioneta. Habría llegado a su casa. Pero la secuestraron. Luego, la violaron. Por último, la mataron. El pueblo entero –incluyendo uno de los presuntos asesinos– se movilizó a buscar a la desaparecida el 27 de septiembre. Se identificaron inicialmente dos sospechosos y hace pocos días se juzgó a tres. Al menos uno de ellos tiene antecedentes de violación. No ha sido solo a Leidy Maura. No tenemos cifras, pero los casos se divulgan boca a boca o los registran medios de prensa no oficiales. Misleydis González; la mujer de 18 años en el municipio de Florida; Daylín Najarro Causse y Tomasa Causse Fabat, también en Cienfuegos; la mujer de San Miguel del Padrón; o la joven en Regla son algunos. Hablar de feminicidios En las últimas dos décadas ha habido una escalada de homicidios violentos contra mujeres en América Latina. Está comprobado que la violencia afecta a las mujeres de forma desproporcionada. Ese hecho, y la puja de colectivos sociales, ha promovido la tipificación del crimen de homicidio de género como “feminicidio” (o “femicidio”). La norma legal contra la violencia de género ha tenido dos etapas. Entre 1994 y 2002 se legisló, fundamentalmente, sobre violencia doméstica e intrafamiliar. Desde 2005 se han elaborado e implementado leyes que tipifican los homicidios de género como un delito específico y más grave. No todos los asesinatos a una mujer son feminicidios. Para que sea calificado como tal, la víctima debe haber sido asesinada por un hombre por el hecho de ser mujer. Para determinarlo, es necesario indagar en las circunstancias de la muerte y la relación del asesino con la víctima. Lo más común en Latinoamérica es que el feminicidio se realice por una pareja, ex pareja, persona cercana o familiar, y / o que esté precedido por una violación. Al hablar de feminicidio como un crimen específico, se reconoce que su causa no es individual (ni es un “crimen pasional”). Las razones hay que buscarlas en la estructura de poder social y relaciones de violencia hacia mujeres, niñas, personas trans o sexualmente diversas. En el campo jurídico, el reconocimiento del feminicidio tuvo un hito en 2009, con el caso del Campo Algodonero en Juárez, México. En esa ocasión fueron desaparecidas y asesinadas tres mujeres jóvenes. La comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictaminó que el Gobierno de México era el responsable, porque no había investigado ni enjuiciado estos hechos, ni otros cientos desde 1993. El feminicidio fue reconocido por la comunidad internacional en 2013, en la sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de Naciones Unidas. Sentidos y sinsentidos de reconocer el feminicidio Según análisis especializados, el hecho de que se reconozcan y juzguen feminicidios no parece incidir directamente en el número de ellos: en aquellos países donde está tipificado como delito, hasta ahora no hay tendencia a la disminución de los casos. Entonces, ¿por qué seguir pugnando para que las normas jurídicas (constituciones, códigos penales y legislaciones en general) reconozcan el feminicidio como un delito específico? En primer lugar, hablar de feminicidio hace del tema un asunto público, político, que requiere la atención estatal y de colectivos y organizaciones sociales. Reafirma, además, que no son hechos aislados ni se explican por las vidas individuales de las personas. Por otra parte, hacerlo ilumina sobre la necesidad de construir instituciones que protejan a posibles víctimas y viabilicen su acceso a la justicia cuando son objeto de violencia. Permite también indagar en las causas específicas y atenderlas como un asunto de bienestar ciudadano, al tiempo que asegura el desarrollo de herramientas para sistematizar y estudiar los procesos de violencia y diseñar políticas focalizadas y eficaces. Cuba, la constitución y los feminicidios Lo sucedido a Leidy Maura ha tenido inédita visibilidad en la prensa oficial, a través del periódico provincial 5 de septiembre. Ese órgano de prensa firmó un convenio con el Tribunal Provincial en febrero de este año; con ese amparo, cubrió el juicio privado celebrado los días 7 y 8 de agosto pasados a los acusados en el caso de Leidy Maura. En su cobertura del último día, el 5 de septiembre optó por amplificar la voz popular: “Si bien nada devolverá la vida de Leidy, el pueblo cienfueguero confía en que sobre los asesinos caerá todo el peso de la ley”. En los próximos días debe hacerse pública la sentencia. Instituciones y colectivos sociales están atendiendo el tema. Apenas seis días después de la desaparición de Leidy Maura, Radio Ciudad del Mar anunció que se crearía en la misma Cienfuegos el primer gabinete jurídico contra la violencia de género. La Unión Nacional de Juristas de Cuba eligió esa provincia como primera sede con esa misión en el país. Su funcionamiento está asesorado por juristas, psicólogos y psiquiatras; tiene la colaboración de organizaciones de masas (la Federación de Mujeres Cubanas entre ellas), militares (el Ministerio del Interior) y estatales (los Ministerios de Salud, Educación, Trabajado y Seguridad Social) y declara asegurar la capacitación de juristas en temas de género y violencias de género. Otras organizaciones o proyectos sociales han asegurado la mayor visibilidad del tema de la violencia de género, que afecta a un tercio de las mujeres en el mundo. En 2012, la Conferencia Nacional del Partido Comunista de Cuba reconoció la necesidad de “elevar el rechazo a la violencia de género e intrafamiliar y la que se manifiesta en las comunidades”. Era la primera vez que un documento político de ese nivel reconocía el problema. El Código Penal cubano, en su Artículo 263, sanciona con privación de libertad de quince a treinta años o muerte, al que mate a otro “al obrar por impulsos sádicos o de brutal perversidad”. Desde 1999, esa misma norma definió como agravante en delitos contra la vida y la integridad corporal, y contra el normal desarrollo de las relaciones sexuales, la familia y la infancia, el ser cónyuge o tener determinado grado de parentesco entre la víctima y el agresor. Hasta el momento en Cuba no se reconoce el feminicidio como delito específico. El Anteproyecto de la nueva Constitución de la República de Cuba habla, a diferencia de la Carta Magna vigente, sobre violencia contra las mujeres. El Artículo 45 señala: “El Estado propicia la plena participación de la mujer en el desarrollo del país y la protege ante cualquier tipo de violencia”. No es menor: en la lucha por otorgar rango constitucional a la lucha contra las violencias de género, ese es un paso firme. Para asegurar mayores consecuencias a ese gesto, el propio artículo podría reconocer al feminicidio como una forma específica de violencia contra las mujeres. Eso obligaría a que el futuro Código Penal reformado también lo registre. El siguiente paso sería exigir publicación del número de feminicidios en el país. Frente a un requerimiento de este tipo, es probable que algunos aseguren que las cifras cubanas son muy inferiores a las de otros países. Seguramente tendrán razón, pero esa sería, sin embargo, una flaca manera de zanjar el asunto. Solo si se reconoce el delito específico de feminicidio podremos saber las cifras, y solo si sabemos las cifras podremos hacer análisis comparativos. Pero más allá de las comparaciones con otros, podríamos propiciar análisis puertas adentro: del número de homicidios en Cuba, ¿cuántos son a hombres y cuántos a mujeres? ¿En qué circunstancias se producen los últimos? La cobertura mediática dada a los hechos y al juicio de Leidy Maura Pacheco Mur tiene el mérito, sobre todo, de haber colocado en el espacio público oficial un tema habitualmente ausente, o marginal. No se trata de estimular pánico social o copar la prensa de contenidos “amarillistas”. Se trata de reconocer el problema, evaluar su alcance, elaborar con agilidad y tino políticas públicas, asegurar justicia para las víctimas y reparación para sus familias y, sobre todo, proteger a las potenciales.