Necesidad inevitable de una nueva Constitución cubana

Desde hace unos años ya y ahora a raíz proceso de cambios que vive Cuba la Constitución de 1976 se ha vuelto cada vez más obsoleta, y desajustada a la realidad cubana de hoy se hace  necesario casi imperativo sustituirla por una nueva que sea adecuada no solo en su contenido sino también en la forma en la que se elabore. Pero…¿Acaso somos una sociedad empoderada, horizontal y participativa para lograr esto?

Aún distamos un poco de serlo.

En Cuba para nadie es un secreto que muchos cubanos nos hemos conformado con vivir al margen de la Constitución,desde 1976 hasta hoy muchos de los decretos leyes ,resoluciones y demás han sido aprobados sin que nadie cuestione su constitucionalidad ha bastado sólo la aprobación de la Asamblea Nacional del Poder Popular y el poder ejecutivo entiéndase Consejo de Estado o de Ministros 
posiblemente desde la caída del bloque socialista ya lo veníamos, haciendo,  lo cual es una contradicción ya que con el alto nivel de instrucción existente en el país sabemos menos de derechos y deberes que otros pueblos de la región con menor escolaridad. Buscando superar esto, en los últimos tiempos se escucha cada vez con mayor atención una llamada a cambiar la Constitución de la República de Cuba y lograr también así un empoderamiento sociopolítico que todavía no existe.
La Constitucion socialista de 1976 comenzó su declive desde 1989 al desaparecer el socialismo de Europa del Este lo que llevó a cabo la supresión de los árticulos dedicados a la URSS

La pregunta que los cubanos nos podríamos hacer es: ¿Lo hacemos mediante asamblea constituyente o reforma constitucional? En realidad lo importante no es que sea de una u otra forma sino que en cualquiera de estos casos se cuente con la participación ciudadana desde el inicio hasta el final de la misma.

Antecedentes

La actual Constitución fue producto de un proceso en el año 1976 que no pudo disponer de una asamblea o comisión constituyente sino que nació a raíz de los acuerdos del Primer Congreso del Partido,y fue redactada y revisada por una Comisión presidida por el veterano dirigente comunista Blas Roca  y el Gobierno Revolucionario, entonces poder ejecutivo que designó la mencionada comisión de 20 personas que redactara el anteproyecto, el cual luego fue sometido a discusión pública, luego sometido a votación en el Primer Congreso del Partido y de allí salió finalmente el proyecto que fue ratificado masivamente el 15 de febrero de 1976. Eran otros tiempos muy diferentes a los de hoy , en el proceso hubo una parte partidaria-gubernamental y otra parte popular, hoy es diferente pues lo necesario es que el poder constituyente resida en manos de los ciudadanos con el menor grado de mediación posible.

 repetiremos estas mediaciones o favoreceremos el empoderamiento ciudadano en un nuevo proceso constituyente. Los que quisieran repetir el procedimiento del año 1976 estarían en una posición muy incómoda porque los propios países aliados de Cuba en la región han realizado procesos constituyentes ejemplares y masivos partiendo no de propuestas gubernamentales sino propias de los movimientos sociales.

En estos países primero se hizo un referendo nacional para ver si querían o no una Asamblea Constituyente, luego en todo momento el pueblo fue testigo de cómo iba el proceso y tuvo la posibilidad real de influir en el proceso. En Bolivia todos los viernes los constituyentes tenían que reunirse con el pueblo, mediante herramientas de Internet comunicaban lo ocurrido constantemente, el ciudadano podía incluso presentar sus propias agendas con lo que creía que debía llevarse a la constituyente. Cabe señalar que las estructuras y modelos que sirvieron para levantar y erigir la Constitución de 1976 ya no existen 

Participación ciudadana

Alguien podría rebatirme diciendo que en Cuba se han hecho consultas a través de las organizaciones sociales y de masas, a esos solo los invito a reflexionar sobre lo ocurrido con dichas consultas, cuyos resultados nunca han sido públicos (a mí me encantaría saber qué es lo que más pide el cubano promedio) y no solo eso, que consultar no es sinónimo de participar. ¿Podríamos decir que el proceso de discusión de Lineamientos en Cuba fue participativo? Habría que analizarlo a profundidad, yo personalmente vi mucha asistencia y poca participación real, el formalismo y la falsa unanimidad sigue siendo un problema en los espacios que creamos.

Habría que ver cuáles son las posibilidades reales para lograr un proceso transparente y participativo en nuestro país. Mientras en Ecuador había un canal televisivo de 24 horas dedicado solamente al proceso constituyente, en Cuba las sesiones de la Asamblea Nacional aún hoy son editadas y se transmiten únicamente “fragmentos” en la pequeña pantalla. Estas son metas civilizatorias que nos tocará afrontar en los próximos tiempos sin temerle a los cambios que sean necesarios ni dejarnos condicionar por el contexto.

Otro problema que tenemos en Cuba es que el poder de reforma constitucional es exclusivo del órgano legislativo (Asamblea Nacional del Poder Popular) contrario a naciones como Venezuela, Bolivia y Ecuador, donde no se admite que se proceda a una nueva reforma constitucional si no se convoca a una Asamblea Constituyente por elección ciudadana.

Se trata de que si la mayoría de los ciudadanos cubanos consideramos que la Constitución ya no se aviene con nuestros derechos y aspiraciones, podamos echar a andar un proceso constituyente que fortalezca el país y brinde un conocimiento sobre la legalidad a la vida cotidiana del ciudadano.

Una Asamblea Nacional Constituyente

Ya el país no está en condiciones de hacer como en el año 1992, que hicimos una reforma constitucional con una pequeña Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, luego sometida al voto de la Asamblea Nacional y aprobada. Todo esto se hizo en un período de tiempo relativamente corto, sin hablar del asunto hasta el año 2002 que ocurre la siguiente reforma…cuando se adiciona la intangibilidad del socialismo en la parte dogmática es decir, que cíclicamente cada 10 o 15 años nos acordamos que tenemos una Constitución.

Cometemos un error si creemos que las constituciones son solo expresión de los cambios en los países, son también agentes del cambio si saben conducirse correctamente y ponerlas en función del bien común.

La nueva Constitución tendría que contemplar los derechos  colectivos o de tercera generación: el derecho a disfrutar de un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el derecho a la paz, el derecho a las minorías étnicas, etc. Podríamos también reconocer derechos que no aparecen en la Constitución actual como el derecho al honor, el derecho a la vida, etc. Otra carencia del texto actual se refiere a los derechos y las garantías, los cubanos actualmente no tenemos definido nítidamente qué cosa es un derecho y qué una garantía. En el texto constitucional actual prácticamente las únicas garantías presentes son las materiales.

En este proceso de transformaciones podríamos hacer también un análisis a la Asamblea Nacional. Resulta que el órgano legislativo cubano es mayor que la Duma estatal rusa y el congreso estadounidense, una locura si comparamos la cantidad de habitantes de cada nación. Una Asamblea Nacional que aunque últimamente pueda parecer más frecuente por la agenda que tiene, se reúne solo dos veces al año. Sinceramente no me molestaría tener menos representantes en la Asamblea en aras de mayor operatividad, así evitamos costes y nos concentramos en algo más importante que la cantidad de diputados: la verdadera representatividad de los mismos.

Decía Víctor Hugo que nadie puede parar una idea cuyo tiempo ha llegado, veamos si es el caso a través de una consulta popular mediante referendo. Quizás entonces los cubanos decidan convocar a un proceso constituyente democrático, que implique la participación consciente de todos los ciudadanos y en el cual la forma en que se haga…será tan fundamental como la Constitución misma.

La revelación de que se han buscado “fórmulas interpretativas” para lograr mayor “permanencia y estabilidad” de una nueva Constitución que corone el proceso de cambios en Cuba, reaviva la importancia de someter a debate y construcción públicos los actos legislativos en el país.

El secretario del Consejo de Estado, el máximo órgano ejecutivo en el archipiélago, loreconoció claramente: “Hemos buscado fórmulas interpretativas para evitar que se rebasen (los) umbrales (de la Constitución) y haya que continuamente someterla a la reforma”; dejando así entrever que en las altas esferas gubernamentales ya se tiene un proyecto de Carta Magna, a la espera de lo que también llaman “el momento oportuno”.

Esa posibilidad presupone continuar una práctica criticada por sectores intelectuales del país, quienes han alertado sobre los riesgos de perder la legitimidad y el favor de los ciudadanos si continuamente se apela a timonear “desde arriba” los procesos de cambio.

La opción de la democracia siempre es atemorizante, pero justa, por eso confío en que una Asamblea Constituyente es la mejor manera de plantear un cambio tan profundo en Cuba.”

Si la alternativa es que otra vez recibamos un proyecto acabado para ser ratificado, si es que se lleva a referendo, con contenidos esperados y otros no tanto, con decepcionantes acuerdos entre fuerzas que no incluyen al pueblo, entonces preferimos el riesgo sublime de decidir nuestro futuro entre todos y todas, que somos al fin el único espacio donde no sobra nadie

La discusión sobre la participación ciudadana en los destinos legislativos del país tuvo un pico al inicio de las reformas lideradas por Raúl Castro, cuando millones de personas participaron en 2011 en la discusión masiva y abierta del proyecto de “Lineamientos” (el programa de cambios) tras la cual fueron modificados, incluidos o suprimidos varios postulados de ese documento.

Pero por aquellos días también algunos asistentes a las asambleas demandaron que se democratizara más la construcción de las propuestas, sobre todo, cuando fuera imprescindible cambiar la Constitución.

Ese pensamiento ha sido retomado en los últimos meses, cuando incluso importantes voces, como la doctora Martha Prieto Valdés,(mi maestra de Teoría del Estado y el Derecho) profesora titular de Derecho Constitucional de la Universidad de La Habana, han pedido públicamente la presencia activa de los cubanos en el planteamiento del nuevo texto.

“Las constituciones no son como el acta de nacimiento de un niño. Son resultado de un proceso y estas nuevas generaciones, que no fueron las que discutieron y aprobaron la Constitución nuestra, tienen derecho a verse reflejadas en ella de manera más directa (…) Sería bueno que se produjese un debate nacional de manera tal que se pudieran armonizar todos esos intereses, porque la sociedad cubana en 1976 era muy homogénea, pero ya no lo es.”

Cambiar, ¿qué?

Una de las debilidades mayores para la credibilidad de las autoridades cubanas, incluso reconocida por su ministra de Justicia es su recurrente práctica de gobernar por decretos y decretos-leyes, pues el poco activo Parlamento (con tres sesiones de una semana cada vez, y este año 2014 sólo una reunión extra, del par prometido) apenas aprueba dos o tres legislaciones al año, literalmente.

Esa práctica ha conducido a que sea común en el país la promulgación de normas inferiores que modifican leyes o que limitan derechos consagrados por la propia Constitución; haciendo muy difícil sostener argumentos de respeto a la democracia y la institucionalidad por parte de los defensores del proyecto social.

O lo que es peor, generando en el ciudadano común la percepción o la seguridad de que está muchas veces desamparado en la protección de sus derechos.

Para sanear estos asuntos es que incluso el propio secretario del Consejo de Estado, al referir en un congreso de abogados las prioridades de una “intensa agenda legislativa” para los próximos años, anuncia disposiciones de corte social (Código Penal, Ley de Procedimiento Penal, Ley de Ejecución de Sanciones, Ley de Funciones y Servicios Policiales, Código de Contravenciones y Código de Familia). Y no otras de índole empresarial o financiera, como correspondería a un proceso de “actualización económica”, que es el nombre dado por la terminología oficial a las transformaciones en marcha.

Conviene no olvidar entonces que son los derechos y la libertad personal los que se pondrán en discusión cuando llegue el momento del acto constituyente. Por eso, no debe dejar de resonar el reclamo de transparencia e inclusión de las mayorías en la concepción misma de la Ley Fundamental.

Como recuerda el abogado Fernández Estrada: “La Constitución es un buen lugar para dejar esclarecido el alcance del Derecho en un país, y quiénes y hasta dónde se debe y se puede crear Derecho en un Estado.” Si es así, no se debería dejar en manos de unos pocos la capacidad de poner los límites al resto de sus compatriotas